Juez ordena al gobierno reactivar radares en carreteras federales y cita 'apagón', 'omisión' y 'caos'.

El Tribunal Federal de Brasilia ordenó al gobierno reactivar los radares en las carreteras federales. Los dispositivos de vigilancia electrónica dejaron de funcionar este mes por falta de recursos.

El Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT) informó que necesita R$ 364 millones para mantener los radares en funcionamiento en 2025, pero el presupuesto disponible es de R$ 43,3 millones.

La jueza Diana Wanderlei, del 5º Juzgado Federal de Brasilia, afirma en la decisión que la situación actual es de “apagón” y “caos de seguridad” en las carreteras federales.

El juez advierte que existe una "omisión calificada" del gobierno federal "a gran escala" y que, si el problema no se resuelve con urgencia, los responsables podrán ser procesados por faltas administrativas y responsabilidad penal.

Diana ordenó al Sindicato que presentara un presupuesto para el funcionamiento de los radares en un plazo de cinco días. También ordenó citar al jefe de Estado Mayor, Rui Costa, para supervisar y facilitar una posible solución consensuada.

La decisión destaca que los recortes presupuestarios al DNIT ponen en riesgo la vida de un gran número de personas, que "ahora están expuestas a las altas velocidades de los infractores habituales", y dificultan las investigaciones de delitos en las carreteras, como el robo de carga y el secuestro.

"Destaco el drástico impacto social que está causando el apagón de los radares en las carreteras federales, en detrimento de la seguridad de la población, situación que exige medidas inmediatas del Poder Judicial, considerando que Brasil es un país de dimensiones continentales, siendo el transporte por carretera el más utilizado por la población, y considerando que incluso los radares de criticidad alta y muy alta han dejado de funcionar plenamente", argumentó el juez.

La decisión fue tomada en una acción popular presentada por el senador Fabiano Contarato (PT-ES) en 2019, cuando el entonces presidente Jair Bolsonaro (PL) suspendió el funcionamiento de los radares.

Bajo presión judicial, Bolsonaro cedió y llegó a un acuerdo para mantener los dispositivos en funcionamiento en zonas con alta siniestralidad. El caso sigue pendiente para que el Tribunal Federal pueda supervisar el cumplimiento de los compromisos del gobierno.